Brasil es signatario del acuerdo internacional sobre Cambio Climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Acuerdo de París), que fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional con fuerza de ley a través del Decreto Federal N° 9.073/2017.
En marzo de 2022, Brasil actualizó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 37% para 2025 y un 50% para 2030 en comparación con 2005, así como alcanzar, como objetivo a largo plazo, la neutralidad climática. para el 20501. En abril de 2022, la Sala 4 de la Corte de Justicia de la 3ra Región otorgó al Acuerdo de París el estatus de ley interna en el país, y a la NDC el estatus de legislación interna que puede ser ejecutada y procesada en los tribunales nacionales. 2 En sentencia emblemática del 1 de julio de 2022, el Supremo Tribunal Federal, entre otros argumentos que respaldaron su decisión, el ministro Luis Roberto Barroso afirmó que “(…) el Acuerdo de París equivale a un tratado de derechos humanos”. Como resultado, este acuerdo tiene actualmente el estatus de norma supralegal en el ordenamiento jurídico brasileño.
En diciembre de 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Senado Federal realizó una evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático para verificar las principales dificultades enfrentadas en su implementación, así como para identificar los puntos que merecen cambios. Esta evaluación resultó, entre otros, en el Proyecto de Enmienda Constitucional nº 233/2019, que tiene como objetivo incluir en la Constitución Federal brasileña una disposición que establece que toda actividad económica en Brasil debe estar guiada por la necesidad de "mantener la estabilidad climática, adoptando medidas de mitigación".
En octubre de 2021, se promulgó el Decreto nº 10.846/2021, que establece el Programa Nacional de Crecimiento Verde, que establece un programa de "Crecimiento Verde" con el objetivo de mejorar el desarrollo sostenible, generar empleos verdes, promover la conservación de los bosques y la biodiversidad, y reducir emisiones de gases de efecto invernadero para facilitar la transición a una economía baja en carbono. Otras políticas relacionadas han sido promulgadas o están en discusión, como la Estrategia Federal de Incentivo al Uso Sustentable del Biogás y Biometano (introducida por el Decreto N° 11.003/2022). El Programa Nacional de Hidrógeno (instituido por Resolución CNPE N° 6/2022). En mayo de 2022 se aprobó el Decreto Federal N° 11.075/2022, que establece lineamientos para la elaboración de Planes Sectoriales de Mitigación del Cambio Climático y crea el Sistema Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SINARE). Una vez plenamente establecido, el SINARE funcionará como un registro centralizado de remociones, reducciones y compensaciones de gases de efecto invernadero, así como actos de comercio, transferencias, transacciones y retiro de créditos certificados de reducción de emisiones.
Según dicho Decreto, los agentes que actúan en los sectores de (i) generación y distribución de energía eléctrica; (ii) sistemas de transporte público urbano e interestatal de pasajeros y carga; (iii) industria manufacturera y bienes de consumo duraderos; (iv) industria química fina y básica; (v) industria de la pulpa y el papel; (vi) minería (vii) construcción civil (viii) servicios de salud; y (ix) la agropecuaria contará con metas de reducción de emisiones de GEI establecidas por el Poder Ejecutivo en los Planes Sectoriales de Mitigación del Cambio Climático. El Decreto también innovó al definir los créditos de carbono como activos financieros, pero aún está pendiente de regulación.
Además, hay varios proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional que apuntan a regular un mercado de carbono en Brasil, y la perspectiva es que la regulación sobre el tema sea pronto definida y aprobada. Asimismo, en marzo de 2023, la Cámara de Diputados aprobó la Medida Provisional N° 1.151/2022, que modifica las normas de la Ley de Ordenación Forestal Pública (Ley N° 11.284/2006) con el fin de dinamizar el mercado de bonos de carbono. En general, las reformas establecen que los créditos de carbono y otros servicios ambientales derivados de la reducción o remoción de emisiones de GEI podrán ser incluidos en el objeto de las concesiones de bosques públicos, unidades de conservación, tierras públicas y bienes de las entidades federativas.
El deber de los administradores y el cambio climático
Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas son los tipos de empresas más comunes en Brasil y están legalmente constituidas como organizaciones con fines económicos. El marco legal brasileño, en particular (i) la Constitución Federal de 1988, modificada (“Constitución Federal”); (ii) la Ley N° 10.406, de 10 de enero de 2002, y sus reformas (“Código Civil”)3; y (iii) la Ley N° 6.404, de 15 de diciembre de 1976, y sus modificaciones (“Ley de Sociedades Anónimas”) establecen, aunque indirectamente, que las sociedades deben seguir principios de sostenibilidad y principios relacionados con el clima en conjunción con su objeto social.
El ordenamiento jurídico brasileño establece una serie de principios que orientan la conducta de la actividad económica, así como la función social de la propiedad, la función social de los contratos, la protección del medio ambiente y la reducción de las desigualdades regionales y sociales, conforme lo establecido en la Constitución Federal4 y en el Código Civil.5 En general, tales principios son aplicables a todas las entidades que componen la economía brasileña; por lo tanto, se podría argumentar que todas las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, incluidos sus miembros de la junta directiva y ejecutivos, tienen el deber implícito de hacer los mejores esfuerzos para al menos minimizar los impactos negativos en los aspectos de sostenibilidad, incluidos los relacionados con el cambio climático.
Además, la Ley de Sociedades de Brasil también se centra indirectamente en los aspectos de sostenibilidad al asignar responsabilidad fiduciaria a los administradores y accionistas controladores. En este sentido, los artículos 1166 y 1547 de la Ley de Sociedades Anónimas contienen disposiciones sobre la necesidad de armonizar el interés de cada empresa en generar utilidades con sus impactos socioambientales.8 Asimismo, el inciso VI del artículo 170 de la Constitución Federal también establece que toda actividad económica o financiera realizada en Brasil debe regirse por el principio de protección ambiental.9
La Política Nacional Ambiental, por su parte, impone una serie de procedimientos para prevenir, mitigar y reparar los daños ambientales, los cuales deben ser observados por todas las empresas. Si bien no existen deberes específicos de los miembros de la junta directiva sobre aspectos relacionados con el cambio climático, si las empresas no cumplen con las normas existentes y contribuyen, aunque sea indirectamente, al daño ambiental, pueden ser responsables civilmente por responsabilidad objetiva y solidaria por daños ambientales. degradación
Asimismo, la Ley N° 9605, de 12 de febrero de 1998, que establece los delitos ambientales y las sanciones administrativas, impone sanciones penales y administrativas a las personas naturales y jurídicas cuyas conductas y actividades sean perjudiciales para el medio ambiente. Las personas físicas (como los miembros de las juntas directivas)10 o las personas jurídicas que cometan un delito contra el medio ambiente también pueden ser castigadas con sanciones que van desde multas hasta prisión (personas físicas) o disolución (personas jurídicas). La responsabilidad administrativa también incluye la imposición de multas y, en el peor de los casos, la suspensión total de actividades. Es importante señalar que, de conformidad con la Ley N° 9.605, los accionistas pueden ser considerados responsables por desconocimiento de la personalidad jurídica, lo que se aceptará siempre que la persona jurídica se convierta en un obstáculo para la recuperación del daño ambiental.
Por lo tanto, aunque la mayoría de las leyes y reglamentos actuales no exigen directamente que los miembros de la junta directiva consideren las cuestiones del cambio climático, al analizar el marco legal brasileño es posible argumentar que los miembros de la junta directiva y los accionistas mayoritarios pueden, en algunos casos, estar potencialmente en incumplimiento de sus deberes fiduciarios. si persiguen objetivos que de alguna manera son contrarios a los intereses a largo plazo de su comunidad y de la sociedad en su conjunto, y por tanto contrarios a la prevención del cambio climático.
Además de la legislación y la regulación, los temas relacionados con la sustentabilidad han cobrado prominencia en los mercados financieros y de capital brasileños, ya que varias partes interesadas brasileñas han tomado iniciativas o han demostrado su preocupación por los impactos asociados. Por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (“BNDES”) recientemente incluyó la generación de impactos positivos de sostenibilidad en los requisitos de calificación de sus procesos de licitación y también adoptó un proceso de selección para excluir de su cartera proyectos con resultados de impacto.
Obligaciones de la junta directiva sobre la transparencia y el cambio climático
La Ley de Sociedades Anónimas brasileña asigna a la junta directiva y demás órganos que integran sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada el deber de divulgar, en general y siempre que sea necesario, toda información que pueda afectar negativamente al medio ambiente, entre otras. El deber de informar, además de las buenas prácticas, tal como lo define el soft law brasileño, crea condiciones para que los inversores, el mercado y los órganos de supervisión realicen análisis más complejos de las acciones realizadas por las empresas y su impacto en el medio ambiente y otras cuestiones de sostenibilidad.
En este contexto, la Instrucción nº 80/2022de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CVM”) establece la obligación de las sociedades anónimas abiertas de divulgar en sus registros (i) los factores de riesgo relacionados con temas ambientales; (ii) los efectos de la regulación sobre los aspectos ambientales de la empresa y los costos de cumplimiento; y (iii) información ESG de la empresa.
En diciembre de 2021, la CVM publicó la Resolución CVM N° 59 –posteriormente republicada a través de la Resolución CVM N° 87-, que entró en vigencia el 2 de enero de 2023. La Resolución CVM N° 59 modifica la Disposición N° 80/22 para obligar a las empresas que cotizan en bolsa a divulgar, sobre la base de "hazlo o explícalo", cierta información ambiental, social y de gobierno ("ESG"), incluidos (i) aspectos clave del cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias; (ii) indicadores clave de desempeño en métricas ESG; (iii) descripción del papel de los órganos administrativos en la evaluación, gestión y supervisión de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima ; (iv) una declaración sobre la realización de inventarios de emisiones de GEI y los alcances inventariados; y (v) una declaración de que la divulgación del riesgo climático es consistente con las recomendaciones del TCFD, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ("ODS") u otras divulgaciones financieras recomendadas relacionadas con la sostenibilidad.
Los estándares de divulgación voluntaria continúan brindando orientación para las empresas brasileñas sobre la transparencia relacionada con los temas de sostenibilidad. El Índice de Sostenibilidad Corporativa – ISE B3, una iniciativa voluntaria que clasifica a las empresas que cotizan en bolsa en términos de sostenibilidad, también establece una serie de datos que deben presentar las empresas seleccionadas en relación con el medio ambiente, con un cuestionario específico para el cambio climático. Entre otra información, las empresas deben divulgar evaluaciones de sus impactos sobre el clima y su exposición a impactos relacionados con el clima, así como sus planes para gestionar y prevenir tales impactos.
Otra iniciativa voluntaria es el Índice de Resiliencia Climática CDP Brasil, creado en marzo de 2020 por la Organización No Gubernamental Británica Carbon Disclosure Project ("CDP"). Este índice busca establecer una relación entre los datos ambientales declarados por las empresas y su desempeño financiero, así como servir de referencia para que los inversionistas evalúen la transparencia de las empresas en relación con las políticas y acciones adoptadas en relación al cambio climático, reforzando la impulsores vistos en los mercados de capital brasileños para que los miembros de la junta directiva asuman la responsabilidad de sus decisiones con respecto a las divulgaciones relacionadas con el clima. En 2021, el cuestionario utilizado sufrió cambios puntuales, como la inclusión de una pregunta sobre objetivos net-zero.
Otras provisiones para entidades financieras
El BCB reconoció los riesgos derivados del cambio climático para la estabilidad financiera y presentó sus metas y acciones que ha venido adoptando en su Informe de Riesgos y Oportunidades Sociales, Ambientales y Climáticos.11 El BCB y el Consejo Monetario Nacional (“CMN”) también aprobaron normas que requieren que ciertas instituciones financieras publiquen un Informe de Oportunidades y Riesgos Sociales, Ambientales y Climáticos, que incluya información sobre la gobernanza de los riesgos climáticos, ambientales y sociales, los impactos reales y potenciales de dichos riesgos y los procesos para gestionarlos.12 El BCB también aprobó normas que exigen a las entidades financieras adherirse a un conjunto de principios de la Política de Responsabilidad Social, Ambiental y Climática (PRSAC) en la conducción de sus negocios. Las empresas incluidas en el alcance están obligadas a designar un miembro de la junta directiva responsable del cumplimiento de estos lineamientos.13
Implicaciones prácticas para los miembros de la junta directiva
Dado que los representantes y reguladores brasileños se han vuelto más enfáticos en recomendar, y tan pronto como regular, la necesidad de que las empresas y sus miembros de la junta directiva adopten medidas de resiliencia climática en sus negocios y sus declaraciones, en particular el mencionado Proyecto de Enmienda Constitucional No. /2019, el Código Civil, la Ley de Sociedades Anónimas, la Política Nacional Ambiental y la Resolución CVM N° 80, modificada por las Resoluciones 59 y 87, junto con las iniciativas de las instituciones financieras públicas y privadas, los miembros de la junta directiva bien informados:
- delegar la identificación y evaluación de los riesgos climáticos a un equipo de gestión bien identificado que informaría directamente al CEO y a la junta directiva;
- puso en la agenda de la junta dentro de 3 a 6 meses un proceso para comenzar a desarrollar una hoja de ruta de transición climática para 2050 con objetivos transparentes basados en la neutralidad de carbono o reducciones de emisiones basadas en la ciencia, con objetivos intermedios claros para 2040, 2030 y el actual multi-plan estratégico anual validado por organismos reconocidos internacionalmente, para su posterior reporte periódico a la junta directiva;
- delegar a los comités de la junta apropiados, tales como riesgo, auditoría, legal y de gobierno, escenarios/estrategias, nombramientos/compensación o sustentabilidad/responsabilidad corporativa, la tarea de traducir la estrategia a largo plazo en un proceso claro de toma de decisiones para cada aspecto que sea relevante para cada comité;
- discutir con el consejo de transparencia para desarrollar un plan de comunicación y compromiso externo, que incluya divulgaciones cualitativas y cuantitativas, para evitar la publicación de información potencialmente engañosa.
| Contribuidores: | Lina Pimentel Garcia, Mattos Filho Brazil Tábata Boccanera Guerra de Oliveira, Mattos Filho Brazil | 
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Traducción: Marcos dos Santos
Revisión: Camila Silva y Sandra Morales
